José María Laso Prieto

«Nuevos procesos políticos en los países del este»

Texto preparado para su edición digital por Gretel Sánchez García.

    

La obtención, en las elecciones polacas, de la mayoría absoluta parlamentaria, por parte de los denominados “ex-comunistas” y de sus aliados tradicionales —el Partido Campesino— forma parte de una tendencia más general que la del cambio de rumbo político de un solo país. Tuvo ya un precedente en Lituania, donde hace meses los ex-comunistas derrotaron electoralmente a los nacionalistas de derechas que habían logrado la independencia del país. Tras el giro a la izquierda en Polonia, es previsible que puedan seguir otros similares en varios países que formaron parte del “bloque socialista”. Muchos comentaristas estiman casi seguro el triunfo de los ex-comunistas en las elecciones húngaras de 1994.

En ambas cámaras del Parlamento polaco, entre la Unión de la Izquierda Democrática (de los ex-comunistas), el Partido Campesino (aliados naturales de los comunistas), y la Unión del Trabajo (socialistas de izquierda), la izquierda ocupa dos tercios de los escaños. Menos de un tercio será ocupado por un centro dividido y debilitado. La derecha ha sido barrida en su totalidad del arco parlamentario, bien sea en su versión visceralmente anticomunista como en la tradicional conservadora. Lo mismo ha sucedido con el sindicato Solidaridad, cuya expresión política ha perdido toda su representación parlamentaria. Lech Walesa ha sufrido la doble derrota del fracaso de sus anteriores compañeros sindicales y de la exigua representación obtenida por el bloque de apoyo presidencial que organizó. Su anterior popularidad está ya por los suelos, hasta el punto de que, en una encuesta, el 41% de los polacos le consideran “incapaz e insoportablemente antipático”. No menor es la vertical caída de la popularidad del Papa —según otras encuestas— confirmada además por el hecho de que los partidos católicos han sido también barridos del Parlamento. Así paga la Iglesia Católica, en Polonia, su prepotencia y la imposición coactiva de la ley prohibitiva del aborto. En contraste, según una reciente encuesta, más del 51% de los polacos —especialmente entre los jóvenes— consideran superior el régimen social socialista al capitalista, “aunque el primero se aplicó mal en Polonia”. Todo ello constituye la natural consecuencia del “tratamiento de caballo” que se ha aplicado al pueblo polaco con la finalidad de conducirle bruscamente a un capitalismo salvaje. Las recetas ultra-liberales, impuestas por el Fondo Monetario Internacional, se han ejecutado en Polonia sin la menor consideración por los sufrimientos sociales que se infringían a los trabajadores. La nueva izquierda polaca —surgida en su mayor parte del Partido Obrero Unificado Polaco (POUP), de los comunistas, o de sus aliados campesinos— no pretende retornar hacia un socialismo burocrático. Tratará de instaurar un régimen de economía mixta (pública y privada) en el que se mantengan las anteriores conquistas sociales de los trabajadores, sin menoscabo de la eficacia económica, y con formas políticas plenamente democráticas.

Algunos comentaristas políticos consideran que los resultados de las elecciones polacas han contribuido a adelantar el golpe de Estado de Yeltsin. En realidad el nuevo zar ruso no necesitaba tales estímulos. Boris Yeltsin se ha ganado a pulso el título de golpista permanente. Así, ya en Agosto de 1991 inmediatamente después del fracaso del golpe del denominado “Comité de Emergencia”, Yeltsin inicia su carrera golpista. Y esta tesis no la sostenemos subjetivamente. Un diario tan poco sospechoso de prosovietismo, como “The Baltimore Sun” decía entonces: “sería simplemente exagerado hablar de un segundo golpe de Estado en la semana, pero los poderes extraconstitucionales que Boris Yeltsin se ha atribuido se acercan mucho a tal consideración.” Poco después, en Diciembre de 1991, Yeltsin al proceder a la desintegración de la URSS, violó la voluntad de los pueblos soviéticos de mantener la unión, tal y como quedó de manifiesto en el referéndum celebrado simultáneamente con su propia elección. Después se sucedieron sus diversos intentos de establecer unilateralmente un régimen presidencialista autoritario o dictatorial. Todo ello no sólo al servicio de su desmedida ambición personal, sino también como representante de un conglomerado de intereses mafiosos y de los núcleos que intentan instaurar un capitalismo salvaje en Rusia.

Tal conglomerado, no está verdaderamente interesado en la democracia sino en sus propios objetivos económicos. Uno de los más destacados impulsores de Yeltsin, el ex-alcalde de Moscú Gavril Popov lo expuso con toda crudeza en su artículo “Necesidad de un régimen fuerte en Rusia”, publicado en el diario EL MUNDO el 20-5-1992, y del que reproducimos algunos párrafos: “Era difícil pensar que personas nacidas y educadas bajo un régimen totalitario, que llevaba implantado más de tres generaciones, fueran capaces de adaptarse a reglas económicas fundamentalmente nuevas, sin una liberalización política previa. Setenta años de comunismo han dejado huellas muy profundas en el ánimo de la gente (...) Sin embargo, los rusos se oponen mayoritariamente a la economía de mercado. No resulta fácil deshacerse de unas costumbres adquiridas durante generaciones. En estas circunstancias, un sistema político en el que el Parlamento refleje la estructura actual de la sociedad no hará sino frenar la implantación de una verdadera economía de mercado.”

Ahora bien, ¿es posible un régimen democrático sin que su Parlamento refleje la estructura actual de la sociedad? Sin duda que no. Empero se ha pretendido justificar el golpe anticonstitucional de Yeltsin sustentando que se trataba de un golpe prodemocrático, a la inversa del de Fujimori. No es esa la opinión de dos de los más destacados constitucionalistas españoles. Así el expresidente del Tribunal Constitucional, Rubio Llorente, sostenía en su artículo “El dieciocho brumario de Boris Yeltsin”: “...de ese modo (por los Estados occidentales) se está ensalzando como defensor de la democracia y de la libertad a quien es actor, hasta ahora triunfante, de un golpe de Estado, culpable de una patente violación de la legalidad vigente. Que violación ha habido y, por tanto, también golpe de Estado, es cosa que no cabe negar.”

Para el profesor Manuel GarcÍa Álvarez, el mejor especialista español en temas constitucionales de los Estados del Este europeo y actual asesor de la Comisión Constitucional rusa, no sólo Yeltsin ha violado la Constitución, el Parlamento y el propio Tribunal Constitucional, sino que nada se resuelve con la convocatoria electoral. Según este experto, “Es cierto que el presidente promete elecciones libres en un futuro inmediato. Tengo mis dudas de que en un corto plazo se puedan celebrar, pues a estas alturas, no hay apenas partidos. Tampoco ha sido aprobada la nueva legislación electoral, la cual, debido a la desaparición del Parlamento, necesariamente ha de ser elaborada por el Ejecutivo o por una instancia controlada por éste. Y, si se celebran las elecciones,¿qué ocurrirá si los partidos de la oposición consiguen la mayoría? Esta posibilidad no se puede descartar, a pesar del control que Yeltsin ejerce sobre la radio y la televisión, sobre todo a la luz de las elecciones parciales celebradas en los últimos meses (...) ¿Decidirá una vez más disolver el Parlamento? ¿Qué argumentos utilizará entonces para justificar otra violación de la Constitución?” En todo caso, es obvio que Clinton y los demás dirigentes occidentales, salvo honrosas excepciones, se han desenmascarado con su apoyo al golpe anticonstucional de Yeltsin. Poco les interesa la democracia y mucho el restablecimiento del capitalismo en Rusia, aunque revista formas salvajes y mafíosas. A su vez nuestro ministro de asuntos exteriores, Javier Solana, ha evidenciado una vez más su incondicional servilismo a las directrices del Gobierno de los EE.UU. En vez de manifestarse, en su opinión sobre el golpismo de Yeltsin, contra el propio espíritu de nuestra Constitución, el Gobierno español debería haber apoyado la única solución auténticamente democrática: la celebración simultánea de elecciones legislativas y presidenciales en condiciones equitativas para todos los participaras. Es decir, propiciar que el pueblo ruso decida libremente su futuro político y social.