Asociación Wenceslao Roces -Penas de muerte-

Por distintos motivos, el tema de la pena de muerte se ha reactualizado trágicamente. Las ejecuciones de jóvenes chinos, la decisión del Tribunal Supremo de EEUU de proporcionar vía libre a la ejecución de menores y deficientes mentales, la revisión del proceso –por su manifiesta ilegalidad– que culminó con el fusilamiento de Julián Grimáu, la condena a muerte de destacados narcotraficantes cubanos, etcétera hacen ineludible que nos pronunciemos sobre tan dramático tema. Los comunistas españoles contribuimos destacadamente a la abolición de la pena de muerte en España. Con este logro –elevado a rango constitucional por el artículo 15 de nuestra Carta Magna– conseguimos realizar uno de nuestros ideales humanistas. No obstante, todavía existen países, capitalistas y socialistas, donde la pena de muerte sigue vigente y se aplica rutinariamente. El viento de la Historia sopla ya en sentido contrario al anacronismo que supone el mantenimiento de esa pena cruel e irreversible. Por ello, consideramos que, cualesquiera que hayan sido los daños causados a la propiedad pública o al Ejército, no están justificadas las ejecuciones de jóvenes realizadas en la República Popular China. Sin desconocer que muchas informaciones sobre el desarrollo de la situación en China son desmesuradas, o están siendo manipuladas con la finalidad de desprestigiar al socialismo, debemos dejar clara constancia de que nos identificamos con todos los procesos que tiendan a profundizar en la democracia socialista, a la par que rechazamos la utilización represiva de fuerzas militares para impedir esa profundización. La experiencia histórica de diversos países ya ha demostrado que no existe una vía militar al socialismo.

No desconocemos que en procesos revolucionarios, o contrarrevolucionarios, se ha prodigado la aplicación de la máxima pena. El bicentenario de la Revolución Francesa ha reactualizado el tema del terror jacobino y permite comprender las causas objetivas que lo engendraron. En la Revolución Soviética de 1917, el idealismo de los revolucionarios les llevó a poner inmediatamente en libertad a los ministros del Gobierno provisional burgués y a los generales zaristas, mediante el simple juramento de no volver a hacer armas contra el poder soviético. En la guerra civil posterior se desató el terror por ambos bandos, aunque está comprobado históricamente que el blanco precedió al rojo. La masiva represión estalinista que siguió –a cuyas víctimas hoy se rinde homenaje en la URSS– desprestigió los ideales del socialismo para millones de personas. Por ello, es muy de valorar que la Revolución Sandinista constituya el primer proceso revolucionario de la Historia que se realiza sin pena de muerte. Sin mengua de la necesaria ejemplaridad, ante la gravedad de sus delitos, el Consejo de Estado cubano debería conmutar las penas de muerte impuestas a Arnaldo Ochoa y sus colaboradores.

Uno de los aspectos más negativos de la pena de muerte es su carácter irreversible. Así lo pone de relieve la rehabilitación en Hungría de Inre Nagy y la revisión en España del proceso de Julián Grimáu. Como es sabido, este destacado dirigente comunista fue fusilado en cumplimiento de una sentencia de muerte ilegal impuesta por un consejo de guerra en abril de 1963. Ilegal respecto a la propia legalidad franquista, ya que el ponente del tribunal era el impositor Manuel Fernández Martín, que carecía de la necesaria condición de licenciado en Derecho. Ilegal no sólo por la forma –además de tal carencia, la ficción jurídica de una supuesta rebelión militar continuada– sino también por el contenido, ya que nunca se probaron judicialmente delitos que se le atribuían. En enero de 1958 tuve ocasión de tratar a Julián Grimáu y si algo me impresionó de él fue su humanismo.

En EEUU, 2200 personas están en el corredor de la muerte en espera de ser ejecutadas. De ellas, 27 eran menores de edad (de 15, 16 ó 17 años) cuando cometieron los delitos por los que han sido condenados a muerte. La reciente resolución del Tribunal Supremo por la que se autoriza su ejecución, y la de los deficientes mentales, no puede ser más preocupante. La mayoría de los condenados son negros o blancos pobres. Aunque hayan sido juzgados con todas las garantías legales, tantas penas de muerte demuestran que algo relevante falla en la civilización norteamericana.