José María Laso Prieto

«Función del Derecho en el cambio social»

Revista Argumentos nº7 (págs. 15-17), diciembre, 1977; Madrid.

Texto preparado para su edición electrónica por Iván Martínez Prieto y Uriel Bonilla


Portada del nº 7 de la revista ArgumentosEn el número 3 de ARGUMENTOS iniciábamos el tratamiento del uso alternativo del Derecho, situándola en el contexto general del pensamiento marxista, al insertar a los juristas críticos en la función de intelectuales orgánicos que formuló Gramsci. Con ello pretendíamos también proporcionar al lector no especializado un mínimo conocimiento de los conceptos filosóficos y jurídicos indispensables para profundizar operativamente en el estudio de tan innovadora teoría del Derecho. Empero, ese estudio no puede mantenerse exclusivamente en los cauces de la tradicional conexión filosofía-derecho, sino que, por su indudable complejidad, requiere un tratamiento interdisciplinario. En este sentido resulta particularmente relevante analizar la función del Derecho en el cambio social.

 

Derecho y sociedad.

Aunque, en determinados sectores culturales, continúen mostrando pujanza las tendencias ideológicas que tratan de aislar el Derecho de la realidad social, nos hallamos en una etapa en que es ya irreversible el casi unánime reconocimiento de su interacción dialéctica. Así en un reciente trabajo, del profesor Rodríguez-Arias Bustamante titulado «Derecho y cambio social», no obstante abordar el tema desde la óptica del jurista tradicional, sostiene la necesidad de que el Derecho cumpla una función coadyuvante del cambio social.

Tal concepción es compartida por Díez Picazo al estimar que «El estudio del Derecho como fenómeno social o sociológico se impone hoy sin restricción alguna, se trata de averiguar cómo suceden las cosas en la realidad y de estudiar al mismo tiempo las causas profundas de la realización entre sociedad y orden jurídico» (1).

Ahora bien, el estudio que Díez Picazo propugna carecería de operatividad si lo realizásemos –como se ha venido haciendo generalmente- desde una perspectiva formal que, manteniéndose en un nivel meramente descriptivo de las relaciones jurídicas, fuese incapaz de conexionarlas dialécticamente con la estructura socio-histórica que constituye su fundamento.

Algunos juristas han interpretado esta clásica formulación de la relación Derecho-Sociedad como la expresión de un mero determinismo económico. De ahí la subestimación del Derecho que se ha dado en determinados partidarios del socialismo científico y la tendencia a considerarle casi exclusivamente como un instrumento coercitivo e ideológico – por otra parte muy eficaz– para reforzar el consenso necesario para el mantenimiento del «statu-quo» social. En determinadas situaciones históricas, en que hacen crisis las relaciones de producción anteriores y comienzan a configurarse otras más aptas para satisfacer las nuevas necesidades que la sociedad se plantea, esa subestimación del Derecho alcanza también su culminación.

Aunque esa «mala conciencia» jurídica –producto del complejo de culpabilidad de los juristas progresistas por la función que el Derecho ha desempeñado al servicio de las clases dominantes– se ha situado después en una perspectiva más objetiva, no por ello debe renunciarse al estudio del problema básico que suscita la relación Derecho-Sociedad: la función del Derecho en el cambio social.

Derecho y cambio social.

Generalmente se ha tendido a situar en un primer plano del análisis la repercusión que las transformaciones sociales suscitan en el ordenamiento jurídico de un estado determinado. Transformaciones que habitualmente sólo se estudian en una perspectiva cuantitativa y con la metodología estadística preferentemente de la sociología empírica anglosajona.

Sin embargo, se trata de analizar la función que el Derecho puede desempeñar en el cambio social evolutivo y en el revolucionario. Pero, a su vez, esa función puede ser doble: 1) Como estabilizador o justificación «a posteriori» del cambio social efectuado. 2) Como instrumento propulsor o coadyuvante del propio cambio social en el momento en el que se efectúa la transformación, que posteriormente se consolida en nuevas relaciones sociales. Con finalidades de clarificación, tan compleja problemática podría esquematizarse así:

-En el Derecho repercuten los cambios sociales. Gradual e indirectamente, si se trata de cambios evolutivos. Directa y radicalmente cuando el cambio social reviste carácter revolucionario.

-El Derecho contribuye al cambio social progresivo al consolidar jurídicamente las modificaciones que en las instituciones, concepciones y costumbres de la sociedad se han venido produciendo durante todo un periodo histórico. Tales modificaciones adolecen de inestabilidad hasta que se obtiene su consagración jurídica.

-Aunque existen experiencias tan impresionantes como la proporcionada por la Ley de Prohibición de bebidas alcohólicas («Ley Seca») de los EE.UU., que demuestran las limitaciones a que está sometido el legislador en su función de innovador de las costumbres sociales, no por ello deben subestimarse los datos disponibles acerca de la función educativa que las leyes progresivas ejercen sobre la población.

-La Historia ofrece también ejemplos de una utilización regresiva del Derecho. Desde Dracón a Pinochet, se ha dado una amplia gama de leyes contrarrevolucionarias. Sin embargo, en general, la propia praxis histórica ha demostrado su ineficacia frente a las aspiraciones al cambio social que respondían a causas objetivas ya maduras.

-El Derecho constituye un instrumento eficacísimo para la promoción del cambio social en los procesos revolucionarios. Siempre, claro está, que la clase revolucionaria se haya hecho previamente con el poder político. Y no sólo –como se ha considerado por quienes se han quedado en la epidermis de estos fenómenos– como instrumento jurídico consolidador de las nuevas relaciones sociales sino también en sus función genuinamente revolucionaria de transformador radical de la anterior base económico-social. En tal proceso revolucionario –que puede abarcar un periodo histórico más o menos prolongado– deben distinguirse dos fases netamente delimitadas:


1) La imposición de la hegemonía de la nueva clase o bloque emergente mediante la conquista del poder político. Se caracteriza por constituir una revolución política en la terminología de la ciencia política contemporánea.
2) El proceso, más o menos prolongado, en el que tiene lugar las transformaciones radicales en la estructura de las relaciones de producción. Se caracteriza por constituir una revolución económico-social, o revolución social en sentido estricto.

La función revolucionaria del Derecho se desarrolla plenamente una vez finalizada la primera fase y antes de que acaba la segunda.

Derecho y revolución.

La función revolucionaria del Derecho halló precisa expresión en las leyes promulgadas por la Convención revolucionaria francesa que entregaron la tierra a los campesinos y abolieron las trabas feudales al desarrollo de las fuerzas productivas; en los Decretos del nuevo régimen soviético promulgando la reforma agraria, la nacionalización de la gran industria, etc., y estableciendo el monopolio estatal del Comercio Exterior. O, más recientemente en las leyes promulgadas por el Gobierno cubano del Doctor Fidel Castro.

Sin embargo, no se debe incurrir al señalar la función revolucionaria del Derecho en la concepción superestructuralista tradicional que considera al Derecho como un factor independiente de su origen social y capaz de determinar por sí mismo la regulación de las relaciones sociales. Por el contrario se deben dejar netamente establecidos los límites de la evolución de las superestructuras, al atenerse a los dos principios enunciados por Marx en su «Crítica de la Economía Política».

1) Una formación social no desaparece nunca antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que puede contener.

2) La Humanidad sólo se plantea los problemas que puede resolver, pues si se examinan más de cerca se verá siempre que el problema no se da más que donde las condiciones para resolverlo existen ya o, al menos están en vías de aparecer.

Así se precisa que los conjuntos de las superestructuras evolucionan en relación a la base, de la que son «reflejo», a condición de que el movimiento ideológico no sea una elucubración individual o una reforma política que se resolvería entre personajes dirigentes. El cambio social no se produce – o será meramente coyuntural– a menos que responda a auténticas necesidades de la estructura social. En definitiva, el Derecho puede cumplir una importante función revolucionaria –en determinadas situaciones históricas–, pero sólo dentro de los límites en que se mueve la autonomía relativa de la superestructura de una formación social.

Uso alternativo del Derecho.

En una perspectiva más directamente política es obvio que si el Derecho no puede sustituir a la revolución, como sujeto activo del cambio social radical, tampoco puede afirmarse convincentemente que la revolución sea factible en todo lugar y momento. Se hace, en consecuencia, necesario contribuir a la dinamización de la sociedad por otros medios, entre ellos, asimismo, desempeñan una función importante las reformas sociales promulgadas legislativamente. De esta necesidad ha surgido precisamente uno de los impulsos que ha originado el movimiento por un uso alternativo del Derecho.

Su proceso de decantación no ha sido fácil. Según el juez P. A. Ibáñez, en su ponencia «Para una práctica jurídica alternativa» presentado en el Seminario de la Universidad de Granada sobre uso alternativo del Derecho... «El uso alternativo del Derecho supone algo así como un empeño de reconvertir políticamente los instrumentos jurídicos a una orientación progresiva, de modo que puedan ser actualizados con factor de cambio social. Un esfuerzo por ampliar los posibles espacios democráticos del ordenamiento jurídica, esfuerzo en el que, dentro de un común denominador que viene dado por el punto de vista del materialismo histórico, concurren orientaciones de una cierta diversidad, lo que, unido a la diversidad también de las disciplinas y técnicas jurídicas sobre que es susceptible de proyectarse, hace que el tema sea en principio inabarcable».

Una primera dificultad proviene del problema de la teorización de la interpretación de clase del Derecho burgués. Por ahora los estudios marxistas del Derecho se han limitado, generalmente, a precisar su carácter de clase. Humberto Cerroni propugna la resolución de un problema mucho más complejo: demostrar que existe clasismo aun donde ninguna ventaja se presenta sancionada por condiciones desiguales. Así lo propugnaba ya Marx, en su «Crítica al Programa de Gotha», al señalar que el Derecho constituye un tratamiento igual de condiciones desiguales. Profundizando en esta premisa se comprueba que el Derecho «clasista» es, ante todo, un Derecho formal y que, además, un tratamiento formalmente igual de condiciones individuales desiguales es sólo posible cuando todas las condiciones subjetivas han llegado a ser «individuales», han sido «atomizadas». Ahora bien, esa atomización ha sido realizada en interés de la clase dominante y debe ser recompuesta en beneficio de las clases subalternas.

Tal recomposición debe ser realizada profundizando en la perspectiva abierta por las nuevas formas de asociación ciudadana surgida de al iniciativa popular. Con ello nos situaríamos en la línea de las modernas concepciones autogestionarias que abren fecundas posibilidades a renovadas formas de organización social. No obstante, el problema básico es el de suscitar el interrogante de si es posible (y hasta qué límites) una explicación organizada del sistema jurídico, en forma de transparentar no sólo su naturaleza clásica, sino la posibilidad de un nuevo uso alternativo del Derecho. Según Cerroni la respuesta debe eludir el recurso al elemento volitivo o político para centrarse en la explicación histórico-económica de las instituciones jurídicas (2).

Por otra parte, las condiciones generales de las que ha emergido la teoría jurídica alternativista pueden diferir si se trata de Estados fascistas, o autoritarios, en los que se había degradado la actividad jurisdiccional ordinaria. Se produce entonces la natural reacción de los juristas que, pretendiendo ser coherente con la función que formalmente les atribuye el ordenamiento jurídico, den lugar a la formación de movimientos en defensa del Estado de Derecho. En ese sentido ha sido muy significativo el movimiento español denominado Justicia Democrática y que, según expresa uno de sus fundadores «... Enfrentándose a esta angustiosa realidad, algunos jueces, espontánea, intuitivamente, comenzaron a hacer uso de lo que, después ha sido formulado, científicamente, como la teoría del uso alternativo del Derecho. Profundizaban en la norma, en función de la totalidad del ordenamiento, hasta encontrar la alternativa democrática del caso concreto» (3) .

En un sentido más global serían dos las líneas fundamentales de una construcción alternativa del Derecho: la socialización de la propiedad privada y la socialización del poder. De ellas, a su vez, se desprenden múltiples articulaciones alternativas que será preciso estudiar sucesivamente. En ese estudio debe mantenerse constantemente la perspectiva de avanzar hacia una gradual restricción de la estructura de la propiedad privada de los medios de producción e intercambio y hacia la contextual apertura de nuevas estructuras caracterizadas por el creciente control de los trabajadores-productores. Será preciso profundizar, ulteriormente, dentro de esta frondosa problemática en el doble ámbito de las diversas disciplinas jurídicas, consideradas desde el punto de vista teórico, y de su aplicación judicial en función de las peculiaridades de cada ordenamiento jurídico. Todo ello constituye una compleja tarea que ofrece muy fecundas posibilidades para la labor de los juristas progresistas.

Breve bibliografía marxista del derecho.

1.- Carlos Marx, «Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel». Ediciones Nuevas. Buenos Aires.
2.- Carlos Marx, «Crítica del Programa de Gotha». Ricardo Agulera Editor. Madrid.
3.- Umberto Cerroni, Nicolás Poulantzas y otros, «Marx, el Derecho y el Estado». Oikos-Tau, S.A. Ediciones. Barcelona.
4.- Galvano della Volpe, «Rousseau y Marx». Ediciones Martínez roca, S.A. Barcelona.
5.- Remigio Conde, «Sociedad, Estado y Derecho en la filosofía marxista». Edicusa. Madrid.
6.- P.I. Stuchka, «La función revolucionaria del Derecho y el Estado». Ediciones Península. Barcelona.
7.- Eugeni B. Pashukanis, «Teoría general del Derecho y marxismo». Editorial Labor. Barcelona.
8.- Umberto Cerroni, «El pensamiento jurídico sociético». Edicusa. Madrid.
9.- Konstantin Stoyanovitch, «El pensamiento marxista y el Derecho». Editorial Siglo XXI. Madrid.
10.- Umberto Cerroni, «La libertad de los modernos». Ediciones Martínez Roca. Barcelona.
11.- B.G. Alexandrov, «Teoría del Estado y del Derecho». Editorial Grijalbo. Méjico.
12.- Barcelona, Hart, Mückenberger, «La formación del jurista. Capitalismo Monopolístico y cultura jurídica». Cuadernos Civitas. Madrid.
13.- P. Barcellona y G. Coturri, «El Estado y los juristas». Editorial Fontanella. Madrid.
14.- Umberto Cerroni, «Metodología y ciencia social». Ediciones Martínez Roca. Barcelona.
15.- Alberto Kohen, «Marxismo, Estado y Derecho». Ediciones «Centro de Estudios». Buenos Aires.
16.- Juan Ramón Capella, «Materiales para la crítica de la filosofía del Estado». Editorial Fontanella. Barcelona.
17.- Plácido Fernández Viajas, «Qué es la Justicia Democrática». (Aunque está redactado desde la perspectiva más amplia del Movimiento «Justicia Democrática» puede considerarse obra marxista por la explícita adhesión de su autor a la teoría del uso alternativo del Derecho). Editorial La Gaya Ciencia.
18.- Louis Althusser, «Montesquieu, la política y la historia». Ediciones Ariel quincenal. Barcelona.
19.- J.M. Vergés, «Estrategia judicial en los procesos políticos». Editorial Anagrama. Barcelona.
20.- Renato Treves, «El juez y la sociedad» (Con un «Escrito preliminar» de Elías Díaz). Madrid.


Notas:

1.- Dr. Luis Díez Picazo. «Experiencias jurídicas y teoría del Derecho». Editorial Ariel, Madrid, 1973, pág. 24. (volver)

2.- Umberto Cerroni, «El problema de la teorización de la interpretación de clase del Derecho burgués», nº. 15 de Cuadernos de la Realidad Nacional. S. de Chile, 1972.(volver)

3.- Plácido Fernández Viajas, «Qué es la Justicia Democrática». E. La Gaya Ciencia. (volver)